La Concejalía de Ciudad Sostenible, Participación y Agenda Urbana en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz inicia los trámites para que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo otorgue la autorización para proceder a llevar a cabo todas las acciones pertinentes tras la declaración de ruina inminente del edificio y que, como fase final, contempla la demolición del edificio IDERS.

Así lo ha informado el edil responsable del Área, David Hernández (ACP), tras dictar el decreto de ejecución subsidiaria dada la inacción de los propietarios una vez que el inmueble fuera declarado en ruina inminente por parte del Consistorio el pasado 7 de junio de 2022. En este sentido, los propietarios presentaron un total de 22 recursos de reposición quedando todos ellos desestimados, pues en su mayoría contenían todos el mismo razonamiento, lo que no aportaba ningún valor añadido a los criterios utilizados para que el inmueble fuera declarado en ruina inminente.

Esta es la razón por la que desde la Concejalía se ha comenzado con la preparación de los trámites pertinentes para la ejecución subsidiaria ordenada de las medidas decretadas con anterioridad.

“Proceder a la ejecución forzosa mediante la ejecución subsidiaria de las actuaciones – explica el concejal- es el paso obligado que debemos dar como responsables municipales para solucionar este problema que cargamos desde hace tantos años”. “Durante el anterior mandato se dieron grandes avances para conseguir solucionar la situación en la que se encontraba el edificio Iders, dejando en manos de los propietarios una serie de medidas que debían hacer efectivas y que no se han logrado completar”, continua Hernández.

Entre las medidas decretadas en 2022 se encontraban la “eliminación de mallas de protección y elementos de apeo sin conservar ni mantener, por el riesgo de caída inminente desde los volados del inmueble; acciones de limpieza y desratización; redacción del proyecto técnico de demolición, y como última se procedería con la medida excepcional de la demolición del edificio”.

Para ejecutar estas medidas, los propietarios contaban con una serie de plazos para ejecutarlas, hecho que no ha sido producido y que ha desembocado en que el Ayuntamiento tenga que tomar partido y hacerse cargo de las diferentes fases del proceso. Este nuevo decreto dará pie a que el Consistorio, vía autorización judicial, comience a ejecutar las acciones y la posterior redacción del proyecto de demolición