El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que dirige el edil David Hernández, dará un paso decisivo para acortar aún más la gestión urbanística con la asunción directa de nuevas competencias que hasta ahora dependían del Cabildo de Tenerife en materia de Carreteras y Patrimonio Histórico.
Se trata de una medida de calado administrativo que permitirá reducir significativamente los tiempos de tramitación, eliminar duplicidades y reforzar la capacidad de respuesta municipal ante licencias de obras públicas y privadas, así como comunicaciones previas.
Esta medida, aprobada por unanimidad en la comisión de Ciudad Sostenible y que se llevará al pleno del próximo lunes, supone un cambio de modelo en la gestión de autorizaciones vinculadas a intervenciones urbanas, patrimoniales y viarias, al concentrar en el área de Urbanismo la emisión directa de informes, permisos y licencias que hasta ahora requerían dos niveles de supervisión insular.
Con esta reorganización, Urbanismo será el único organismo competente para autorizar actuaciones que afecten a Conjuntos Históricos y Entornos de Protección de Bienes de Interés Cultural, en aquellos supuestos que no cuenten con Plan Especial de Protección en vigor y que se refieran a inmuebles con primera fábrica posterior a 1960.
“Con este nuevo esquema competencial se permitirá una gestión más directa, eficiente y cercana, eliminando pasos intermedios que hasta ahora alargaban innecesariamente los plazos administrativos. La supresión del envío de expedientes a las áreas insulares de Carreteras y Patrimonio supondrá un avance sustancial en la simplificación de procedimientos”, explica el también primer teniente de alcalde David Hernández.
Entre las actuaciones ahora asumidas por el consistorio se incluyen obras interiores en inmuebles, el pintado de fachadas en tonos blancos, grises o beiges, así como reparaciones de fisuras y grietas sin modificación de materiales o acabados. También se incorporan actuaciones de mantenimiento como la reparación de carpinterías exteriores garantizando la uniformidad estética, la impermeabilización de cubiertas y la instalación de placas solares siempre que no sean visibles desde la vía pública. Asimismo, se contempla el cambio de uso de inmuebles que no impliquen intervención constructiva.
En el ámbito del espacio público, el Ayuntamiento asumirá también la autorización de apertura de zanjas en vía pública bajo criterios de conservación patrimonial, con especial atención a la preservación de empedrados o adoquinados históricos, así como la obligación de restitución del firme en condiciones equivalentes a las existentes. Igualmente, se autorizarán eventos, fiestas y rodajes con instalaciones desmontables, siempre que no afecten a elementos protegidos, quedando expresamente prohibidos los anclajes a inmuebles de valor histórico, pavimentos protegidos o arbolado urbano.
Del mismo modo, la ocupación de la vía pública con terrazas de establecimientos de restauración quedará bajo competencia municipal directa, con criterios estéticos homogéneos que limitan tonalidades, eliminan publicidad en mobiliario y refuerzan su carácter provisional. Estas ocupaciones estarán además condicionadas a la futura aprobación de instrumentos de ordenación específicos que refuercen la protección del Conjunto Histórico del municipio.
En paralelo, el área asumirá también las competencias relativas a determinadas actuaciones vinculadas a la red insular de carreteras en su ámbito urbano, siempre que no exista afección a la calzada o arcén y se garantice la continuidad de la circulación peatonal. Esto incluye obras menores en edificaciones colindantes, ocupaciones temporales del dominio público viario vinculadas a la ejecución de trabajos, y la instalación de elementos auxiliares como señalización o balizamiento durante las obras.
En estos supuestos, se contemplan condiciones específicas para garantizar la seguridad y la movilidad, como el mantenimiento de itinerarios peatonales continuos, la reserva de espacios mínimos en zonas de aparcamiento afectadas y la ausencia de impacto sobre la circulación general. Asimismo, se permite la instalación de terrazas en zonas de servicio separadas de la calzada, siempre que se ubiquen sobre superficies previamente destinadas al estacionamiento y sin generar afecciones al tráfico.