El Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz dio ayer, lunes 29 de diciembre, un paso decisivo en la defensa de los derechos de la infancia al aprobar por unanimidad una moción para la creación de una Unidad Comarcal de Atención a Víctimas de Acoso Escolar.
La iniciativa, presentada por la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) y respaldada por todos los grupos políticos (PP, CC y PSOE), nace con la vocación de convertirse en un recurso especializado, cercano y coordinado que dé respuesta integral a una de las formas de violencia que más preocupa hoy a la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto.
El acuerdo plenario reconoce que el acoso escolar no es un problema aislado ni puntual, sino una forma de violencia entre iguales que se ejerce de manera repetida y prolongada en el tiempo, basada en una relación de poder desigual que deja profundas huellas en quienes la sufren. Una violencia que ya no se limita al aula o al patio del colegio, sino que se extiende fuera de los centros educativos y se intensifica a través del ciberacoso, convirtiendo la experiencia de la víctima en una situación de hostigamiento constante, las veinticuatro horas del día.
La moción aprobada pone el acento en la complejidad del fenómeno. El acoso no solo se manifiesta mediante agresiones físicas, sino también a través del maltrato psicológico, la humillación verbal, la exclusión social o la difusión de rumores, formas de violencia menos visibles pero igual de devastadoras. Las consecuencias pueden ser graves y duraderas, afectando al rendimiento académico, a la salud mental y al desarrollo socioemocional de niños y adolescentes, con cuadros de ansiedad, depresión, aislamiento y, en los casos más extremos, pensamientos suicidas.
La aprobación unánime de esta iniciativa tiene además un fuerte componente simbólico y emocional. Llega en un contexto de creciente preocupación social y tras casos recientes que han sacudido a Canarias y, de manera especial, a Puerto de la Cruz, como el de Lucía, la menor portuense fallecida el pasado mes de febrero. Durante el Pleno, estuvo presente la presidenta de la Asociación Rompe el Silencio, Laura Fernández, acompañada por otras integrantes de la entidad.
El primer teniente de alcalde y edil de Participación, David Hernández, defendió en el Pleno una propuesta para convivir aprendiendo, siendo los centros educativos espacios clave de socialización. En ese sentido, la moción se apoya en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación educativa canaria para reivindicar la obligación de proteger a la infancia y la adolescencia, detectar de forma precoz las situaciones de riesgo y promover una convivencia basada en el respeto, la inclusión y la empatía.
Todo ello en un contexto social marcado por la irrupción de las redes sociales, que han transformado la manera en la que niños y niñas se relacionan y han abierto espacios de interacción muchas veces invisibles para las familias y el profesorado”. Asimismo, tanto el alcalde, Leopoldo Afonso, como Alonso Acevedo, Pedro Antonio Campos y Marco González, intervinieron durante la sesión plenaria para mostrar su apoyo decidido a Laura y a la Asociación.
El texto subraya además que el acoso escolar deteriora el clima educativo en su conjunto. La convivencia se resiente, el miedo se instala en el aula y el proceso de enseñanza aprendizaje se ve seriamente perjudicado. A menudo, esta violencia no es detectada a tiempo por las personas adultas, pero sí es observada e incluso silenciada por el propio alumnado, lo que contribuye a su normalización y a su prolongación en el tiempo.
Uno de los elementos centrales de la propuesta es la constatación de que el acoso escolar trasciende los límites de un centro o incluso de un municipio. El alumnado cambia de colegio, de instituto o de localidad, pero el problema puede persistir. Lo mismo ocurre cuando una víctima abandona actividades deportivas o de ocio para escapar del hostigamiento. Por ello, la moción defiende la necesidad de una respuesta coordinada a escala comarcal que permita intervenir más allá del ámbito estrictamente escolar y acompañar a las víctimas también en su entorno familiar, social y comunitario.
La futura Unidad Comarcal de Atención a Víctimas de Acoso Escolar se concibe como un recurso multidisciplinar de referencia, integrado al menos por una profesional de la psicología, una del trabajo social y una del ámbito jurídico, capaz de ofrecer atención integral tanto a las víctimas como a quienes ejercen el acoso y a sus familias. Su funcionamiento se plantea de forma similar a otros sistemas de atención integral ya consolidados, como los existentes en materia de violencia de género, con el objetivo de garantizar una intervención especializada, coordinada y ajustada a los marcos jurídicos vigentes.
El acuerdo plenario contempla también la creación de una Unidad Multidisciplinar de Intervención a nivel municipal, en la que participen las áreas de Educación, Deportes, Salud y Servicios Sociales, junto a las fuerzas de seguridad y una figura profesional de referencia. Esta unidad será la encargada de valorar cada caso y derivarlo, cuando sea necesario, a la futura unidad comarcal. Además, se apuesta por la puesta en marcha de una Escuela Municipal de Familias que ayude a madres y padres a afrontar los nuevos desafíos educativos desde el ámbito doméstico.
La moción incluye, asimismo, un llamamiento al Gobierno de Canarias para reforzar los recursos humanos en los centros educativos, especialmente las figuras de coordinación para el bienestar y la protección del alumnado, así como el Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar. También se insta al Estado a promover una ley específica contra el acoso escolar que dote a las administraciones de herramientas más eficaces para combatir una violencia que está afectando de manera muy grave al desarrollo de niños y niñas.
Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz asume el compromiso de liderar, junto a otros municipios del Valle de La Orotava, una respuesta más ambiciosa y humana frente al acoso escolar. Una respuesta que pone en el centro a la infancia, que entiende el problema como una responsabilidad colectiva y que, apuesta por la prevención, la atención integral y la coordinación institucional como pilares para construir entornos verdaderamente seguros para niños y niñas.